Por consiguiente, el año que se avecina es de trascendental importancia para nuestra Corte Superior, la cual se quedará sin varios de sus actuales Jueces, que de no mediar algún inesperado “contratiempo”, deben ser separados por el CNM, por haber evidenciado  conductas irregulares y prevaricadoras; como ejemplo, basta revisar las actuaciones jurisdiccionales en conocidos casos, como el de INAFUKU, CUBAS CAVA y, CHAVIMOCHIC, para predecir fácilmente lo que ocurrirá en la Corte Liberteña, situación que traerá consigo un vacio en la titularidad de la Magistratura, el cual debe ser afrontado recurriendo a las figuras de la provisionalidad y suplencia, cuya responsabilidad tendrá que ser asumida por el nuevo Presidente de esta Corte Superior, el cual será elegido el próximo 04 de diciembre.

Entonces, ¿Quién debería asumir este reto en nuestra Corte Superior?, necesitamos un Magistrado de principios y trayectoria, se ha voceado públicamente como candidatos a la Vocal Superior Diana RODRIGUEZ CHAVEZ, correcta Magistrada Laboralista, con experiencia en el Órgano de Control y, al Vocal Superior Pedro URBINA GAMBINI, destacado profesor universitario, que en su condición de Vocal Supremo Penal Provisional, supo actuar con independencia y honestidad, en sonados casos tramitados ante la Corte Suprema; instancia donde ha adquirido experiencia y relaciones personales, que resultan de vital importancia y pueden ser de beneficio para La Corte Superior de la Libertad, pero aún, nada está dicho, pues si bien, la elección resulta ser democrática y secreta dentro de Sala Plena conformada por todos los Vocales Titulares de la Corte Superior, bien es sabido, que en este proceso hay una serie de negociaciones, fruto de un condicionado juego democrático, propio en elecciones de esta naturaleza.

Lo cierto y al margen de estas negociaciones, se debe hacer una invocación a los  señores Vocales Superiores, para que en mejora de nuestro desprestigiado Poder Judicial, realicen un voto de conciencia y no de compadrazgos, como el que realizaron hace dos años, porque después de trascurrido este tiempo, bien lo saben, el elegido, no realizó ninguna reforma, proyecto o cambio estructural en beneficio de la Corte Liberteña, muy por el contrario,  lo que hizo don Teófilo, fue denotar abuso, al extremo de aprovechar su privilegiado cargo, para entablar y ganar un injusto Proceso de Amparo contra la propia Universidad Antenor Orrego, olvidando que fue gracias a esta casa de estudios, que llegó a ocupar el importante cargo de Consejero en el CNM. Ojalá una errática decisión en la  elección que se avecina, no se vuelva a repetir, aunque soñar no cuesta nada.

El Concejo Nacional de la Magistratura en mérito al acuerdo de solución amistosa celebrado entre el Estado Peruano y los Magistrados No Ratificados ante los fueros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha expedido la Resolución Nº 319-2007-CNM del 02 de octubre del 2007, mediante la cual se resuelve rehabilitar los títulos de catorce Magistrados -once del Poder Judicial y tres del Ministerio Público-, entre ellos de los Vocales Supremos Luis  ALMENARA BRYSON, Pedro IBERICO MAS y Nelson REYES RIOS.

Sin embargo los dieciocho cargos de Vocales Supremos Titulares que integran la Corte Suprema de conformidad con el Art. 29º de la Ley Orgánica del Poder Judicial se encuentran ya ocupados, consecuentemente se avizora un nuevo conflicto entre nuestra anecdótica realidad judicial y la Ley, pues una vez mas, no se sabe, cual será la forma o mecanismo “legal” que se utilizará para reincorporar a estos Magistrados Supremos, que con legitimo derecho merecen ocupar sus antiguos cargos.

Esta interrogante sin lugar a dudas debería, ser absuelta por el Presidente de la Corte Superior Liberteña, Don Teofilo IDROGO DELGADO, que fue uno de los siete irresponsables que originaron este grave problema entre el Estado y los Magistrados No Ratificados, pues fue Don Teofilo, como miembro del CNM entre el periodo 2000-2005,  quien procedió a cometer una serie de arbitrariedades contra la institucionalidad del Poder Judicial, las cuales como ya vemos, nos traen consecuencias nefastas hasta la fecha.

Pero es que el buen Don Teofilo, no sólo se encargó de defenestrar a intachables magistrados, como Nelson LOZANO o Marcos IBAZETA, que hoy de manera merecida también regresan por la puerta grande al Poder Judicial, sino que además de nombrar a sus ayayeros y amigos en cargos judiciales en esta Corte Liberteña –que devolviendo el favor, lo han llevado a ostentar el cargo de Presidente que ocupa- se encargó de pasadita, de reincorporarse nuevamente al Poder Judicial y de yapa, jubilarse con la remuneración de Consejero, es decir equiparable a la remuneración de un miembro del Tribunal Constitucional o de un Vocal Supremo ¿para qué mas?

Punto aparte, la responsabilidad civil, penal y administrativa de estos señores Consejeros que integraron el CNM que ocasionó este serio problema que parece nunca acabar, hasta la fecha pasa inadvertida, esperamos que el propio Estado a través de sus Procuradores y los propios Magistrados agraviados, interpongan las respectivas acciones legales que busque sentar un precedente judicial sobre la responsabilidad de los Funcionarios Públicos, que con culpa o dolo, hayan ocasionado perjuicios a los intereses del Estado y a terceros, solo de esta forma se generará una real conciencia y vocación en las personas que prestan o pretenden prestar sus servicios al Estado como funcionarios o servidores públicos, aunque soñar, cuesta casi nada…!!!!

Información VS Honor

Desde el 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho al Honor (Art. 12°) y el derecho a la Libertad de Información (Art. 19°), son considerados como Derechos Humanos; encontrándose expresamente reconocidos en la Constitución Política del Perú, como derechos fundamentales de la persona que emanan de la propia dignidad humana, por ello se dice que estos derechos tienen la misma jerarquía, ¿pero que es lo que sucede cuando existe un conflicto entre quién hace uso de su derecho a informar y, quién se considera lesionado en su Honor con la información vertida? ¿Que derecho debe ser preferido?
La Doctrina Constitucional para dar solución a este conflicto propone que el juzgador debe efectuar una ponderación o método del balancig test, señalando que, primará el derecho a la información, cuando analizando casuísticamente cada caso en particular, concurren tres elementos que son:

Relevancia pública de la información, el informador puede tratar temas vinculado a personajes públicos o a privados que realizan actos públicos, siendo que se acepta con mayor énfasis la relevancia pública cuando se trata de información vinculada a las autoridades.

Veracidad de la información, ojo no se exige al informador una verdad absoluta, se le exige una verdad suficiente vinculada a una actuación diligente que se acerque a la verdad de los hechos con datos objetivos.

Ausencia de excesos, el informador puede expresar o informar haciendo uso de cualquier lenguaje con excepción del manifiestamente insultante, no se puede efectuar vejaciones de manera innecesaria.

Lamentablemente, muchas veces somos testigos, como Jueces del Poder Judicial Peruano, en vez de aplicar métodos legales y doctrinales para solucionar este tipo de conflictos, amedrentados y condicionados por la fuerza obscura del poder político u otros factores, se ven obligados a condenar a quienes sólo cumplen con el deber de informar. Esa “obligación de Condena” los aparta del análisis lógico jurídico del caso y, los lleva a cometer excesos jurídicos prevaricadores, en realidad existe gran variedad de estos excesos, pero nos centraremos en uno sólo, que puede graficar el panorama “La condena a los Directores de los diarios”.

Esto empieza con la ignorancia, desconocimiento o mala fe de los Abogados y Querellantes, quienes al no ver firmada la nota informativa responsabilizan al Director de un medio como autor del acto supuestamente difamatorio, al respecto debemos señalar que esto esta proscrito y prohibido en la ley penal peruana, el Art. VII del Título Preliminar del Código Penal señala que, la pena requiere la responsabilidad penal del Autor, por ello el Art. 77° del Código de Procedimientos Penales, exige como requisito para aperturar instrucción penal, que se haya individualizado al autor.

En la práctica y con la misión de “Condenar al Director” estos preceptos jurídicos se envian a la basura y, se sigue sancionando penalmente a los directores de los diarios cuando los artículos periodisticos no están firmados. Esta monstruosidad jurídica, anteriormente era permitida, pues el Gobierno Militar del General E.P. Francisco Morales Bermudez, en julio de 1978 emitió el Decreto Ley N° 22244 que en su Art. 8°, establecía la responsabilidad del Director por publicaciones no firmadas, monstruosidad que supuestamente quedó en el olvido, con la derogatoria mediante Decreto Legislativo N° 78 del 04 de mayo de 1981, expedido por el presidente democrático Fernando Belaunde Terry; lamentablemente en la práctica dicha derogatoria no ha surtido efectos jurídicos.
La verdad que esto resulta increíble, será mucho pedir a nuestros Abogados, Querellantes y Jueces que revisen la Ley, antes de interponer querellas y de Condenar a quienes nada tienen que ver.

El Consejo Nacional de la Magistratura, creado bajo el diseño de la Constitución del 93, es una institución con un inmenso poder, pues nada menos se encarga de nombrar, destituir y ratificar a todos los Jueces y Fiscales a nivel nacional, a esto se suma, que se encarga de nombrar al jefe de la ONPE y RENIEC. Esta institución de origen italiano, que en teoría tiene la loable finalidad de desligar el nombramiento de los Jueces y Fiscales del poder político, buscando un ideal contrapeso de poderes, esencia misma de una añorada y real democracia, lamentablemente en la práctica, fue diseñada bajo una óptica autoritaria para manejar el Poder Judicial, Ministerio Público, ONPE y RENIEC, razón de ello, es que se la dotó de un impresionante poder, al extremo de constitucionalizar que las resoluciones “inmotivadas” que expedía el CNM eran irrevisables en sede judicial (Art. 142º de la Constitución), situación tan inaudita dentro del derecho comparado, que gracias a las Sentencias del Tribunal Constitucional e Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la praxis ha sido corregida.

Ad portas de elegir democráticamente en febrero y junio del 2010, a cinco de los siete Consejeros, dos representantes de las universidades públicas y privadas, así como tres representantes de los Colegios Profesionales, resulta pertinente hacer memoria sobre los personajes que conformaron el CNM desde sus inicios, considerando que ha pasado por cuatro etapas:

La primera (1995-1997), un CNM ideal, estuvo conformado por verdaderos y honestos profesionales, como el maestro Florencio MIXAN, Roger RODRIGUEZ, Carlos PARODI, Carlos MONTOYA, Enrique RIVA, José NEYRA y María MOYA,  quienes no dudaron en renunciar ante pomposos cargos, por la dación de inconstitucionales leyes que les recortó sus funciones constitucionales.

La segunda (1998-1999), un CNM figurativo, sus miembros no realizaron ninguna función, estuvo conformado por irrecordables Consejeros suplentes, que fueron convocados, con la intención de obtener un préstamo internacional para la denominada reforma judicial.

La tercera (2000-2005), un CNM obscuro, las designaciones de Jorge ANGULO, Teófilo IDROGO, Fermín CHUNGA, Ricardo LA HOZ, Luis FLORES, Jorge LOZADA y Daniel CABALLERO, estuvo plagada de vicios y, dentro de una coyuntura de fraudes electorales, sus errores de formación profesional, moral y académica, contribuyeron notablemente a la desmejora del propio CNM, del Poder Judicial y Ministerio Público.

La cuarta (2005-2010), un CNM transparente, Carlos MANSILLA, Edwin VEGAS, Francisco DELGADO, Aníbal TORRES, Efraín ANAYA, Maximiliano CARDENAS y Luis PELAEZ, a diferencia de sus antecesores, se encargaron de efectuar concursos haciendo públicos los resultados por evaluación escrita, calificación curricular y entrevista personal, han motivado las resoluciones en la ratificación y destitución de Magistrados, han respetado la doble vía administrativa, incorporando la figura de la reconsideración, en términos generales su desempeño ha sido aceptable, aunque no se puede pasar por alto gruesos errores, como el cambio de criterio en el caso del Vocal Ángel ROMERO, la discriminación del Abogado Edwin BEJAR por ser invidente, el supuesto error del software que ha traído la nulidad de once nombramientos y recientemente, la intención de nombrar a cinco Magistrados Supremos antes de culminar su gestión.

Lo cierto es que las elecciones para acceder al cargo de Consejero dentro del CNM, ya esta encima y es precisamente allí, donde la prensa debe poner atención, consideramos que con un eficiente mecanismo de libre información y pública fiscalización, puede incentivar a una participación activa e interesada de quienes elijen a sus representantes, con la finalidad de que se proponga y elija a profesionales de reconocida trayectoria moral y académica (ausentes desde el primer CNM), lo que puede marcar el inicio de un verdadero cambio en nuestro desprestigiado sistema de justicia.

Bien se sabe en los pasillos de la Corte Suprema, que la antigüedad en el cargo de los Supremos, es un factor importante para quien pretenda manejar los destinos de nuestro desprestigiado Poder Judicial, es decir que los Magistrados SALAS, URRELO,  BUENDIA, ALMENARA y PANTOJA, mantendrán una cuota solidarizada e importante en el manejo de este Poder del Estado, que por obvias razones mantendrá su distancia con la Corte Superior de la Libertad, si es que por obra y gracia de la mala suerte y por votos inconcientes, sale elegido como nuevo presidente de la Corte Liberteña don Teofilo IDROGO.

Es que la suerte en la vida, acompaña a don Teofilo, pues muy pronto de haber sido separado el año 92 del Poder Judicial, se las ingenió para aparecer como miembro de CODACUN en la Asamblea Nacional de Rectores del fujimorista PAREDES CANTO, para de allí, por arte de magia y contra todo pronostico legal, ser incorporado a finales del año 99, representando a las universidades privadas, como miembro suplente del JNE y miembro titular del CNM, cuando dichas instituciones estaban totalmente quebradas y copadas por la corruptela montesinista, lo que finalmente le sirvió para lograr su reincorporación al Poder Judicial, pues por un caso de Ripley, “evaluaba” a quienes se encontraban evaluando judicialmente su caso.

Es en el CNM, donde ha ganado “buenas amistades” como los mencionados Vocales Supremos y con un gran numero de Vocales Superiores, como don Nelson LOZANO, Marcos IBAZETA, Alfredo FERREYRA, Tomas PADILLA, etc. Pero allí mismo, se ha ganado algunos “hinchas”, pues ha nombrado y ha ratificado a un buen número de Vocales Superiores de esta Corte Liberteña, para ser exactos 12 ratificados y 14 nombrados, lo que aritméticamente por agradecimiento lo llevaría a ocupar el sillón de nuestra Corte, pero mas allá de “amistades” e “hinchadas” siendo objetivos ¿conviene que don Teofilo, salga elegido como nuevo Presidente de la Corte Superior de la Libertad?, la respuesta es obvia; su designación, generaría muchas pugnas internas dentro de esta Corte y menguaría la buena relación que actualmente se mantiene con la Corte Suprema.

Finalmente debemos decir, que la suerte, al parecer esta echada, por que se tendrá que elegir hasta donde se sabe, entre Don Teofilo y Don Valeriano BAQUEDANO, Magistrado de limitadas cualidades personales y profesionales que menos ayudaría al progreso y desarrollo de esta sede judicial, si es que “la Virgen María” no se presenta en la conciencia de nuestros Vocales Superiores y se opta por una candidatura de consenso que conlleve a la elección de un Magistrado honesto y de reconocida trayectoria profesional, auque soñar no cuesta nada.

Pero entonces ¿por que existe descontento y pugnas en el sector Agícola?, uno de los más importantes de nuestra ecónomia, entre el agricultor rural-tradicional que se opone al Tratado, con enfrentamientos sociales,  bloqueos de carreteras y el Agroexportador que se muestra a favor del Tratado. La respuesta es por el dualismo que caracteriza a nuestra económia en vías de desarrollo, pues por un lado esta ese sector tradicional orientado al mercado interno quién podría sufrir las consecuencias de un cambio repentino generando mayores niveles de pobreza y desempleo, al menos en un periodo de transición y por el otro, el sector Agroempresarial moderno y tecnólogico, orientado a la exportación, que en lo más mínimo resulta amenzado por el TLC, por el contrario resulta beneficiado a corto y a largo plazo de un acceso agrícola ampliado a los EEUU.

Consideramos que el campesino rural-tradicional, por ahora no le interesa ni necesita un Tratado de Libre Comercio, concepto inentendible y lejano, lo que necesita es un Banco agricola que le provea pequeños capitales para empezar nuevas cosechas, mejores infraestructuras de trasporte, desarrollo de las vías de comunicación, eliminación de los intermediarios y mejor precio por los productos que cosecha, que son exportados por las Empresas Agroexportadoras, en conclusión necesita un Estado orientador y protector, que sepa adecuarlo para un periodo de transición de un acertado Libre Comercio con los EE.UU, cuyo mercado es 180 veces mayor que el nuestro.

Por otro lado, la Agricultura en los E.E.U.U. sólo representa el 2% del PBI de su complicada ecónomia, la negociación agrícola implica efectos potenciales pequeños en términos de producción y empleo, siendo un tema de menor importancia dentro de su plan de economía globalizada y la firma de Tratados que suscribe la gran potencia, Entonces de nada sirve engañar con grandes campañas mediáticas que con el Tratado el sector agrícola en el perú mejoraría de manera inmedita, el agricultor es agricultor, no un ser inpensante que no pueda comprender su complicada situación económica actual y real.

Ya en agosto del 2007, el Alcalde Acuña Peralta, mediante sendos Decretos de Alcaldía de manera unilateral tomó la abusiva decisión de poner tranqueras en nueve calles del centro histórico de Trujillo, poco le importó que limitando el acceso vehicular, vulnerando el derecho constitucional de libre tránsito, traería como consecuencia la aglomeración de tráfico en calles aledañas y, trastornos económicos sobre los comercios netamente trujillanos y formales ubicados en nuestras principales calles, los que se han visto, peor aun mas afectados, con la presencia de los grandes emporios internacionales instalados en nuestra ciudad .

En octubre del 2007, otra vez, mediante Decretos de Alcaldía, modificó a su antojo las rutas de transporte público, con la única finalidad de favorecer a la entonces fenecida empresa ICARO S.A.,  poco le importó que ello, generara un caos en el transporte público, por la superposición de rutas que había causado al otorgar a esta Empresa, una ruta que ya se encontraba cubierta por Nueva California; por cierto ICARO, es la Empresa a la que pertenece este  loco del volante que la semana pasada le arrancó irresponsablemente la vida a dos inocentes niños, por el simple hecho de evadir el caótico trafico que se observa entre la calle Pizarro y la avenida España, como consecuencia directa del innecesario cierre de diversas calles en nuestra ciudad

En agosto del 2008, nuevamente recurriendo a la expedición de normas, creó el antitécnico arbitrio de seguridad ciudadana, es cierto que se encuentra facultado para crearlo, de ello no cabe la menor duda, pero calificar a cada barrio, urbanización o asentamiento según grados de peligrosidad, y de acuerdo a ello cobrar dicho arbitrio, es un extremo inaceptable e inconstitucional, pues vulnera los principios elementales del derecho a la igualdad.

Finalmente, en octubre del 2008, para cerrar con broche de oro el año, expidió un Decreto de Alcaldía, estableciendo las funciones del inconstitucional SAIMT como Organismo Público Descentralizado, a sabiendas que este tipo de organismos sólo son creados por el Ejecutivo, con el visto bueno de la secretaría técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros, acorde con lo establecido en la leyes 27658 y 28175; adicionalmente a ello, se aglomerado innecesariamente la burocracia municipal, acosta de todos los trujillanos que tendremos que pagar el sueldo de dichos funcionarios. Me pregunto ¿por qué en vez de andar peleando con esos pequeños comerciantes de los mercados, con las familias humildes que supuestamente ocupan los ejidos, no se preocupa del problema de la histórica plaza de toros?

A estas perlas erráticas, se suma y, todos somos testigos de ello, que nuestro pequeño Alcalde, caprichosamente trata de identificar al ente municipal con los colores de su partido, por esa razón, el Escudo de Trujillo, la fachada de la Municipalidad, el uniforme de los serenos, de los trabajadores de Limpieza Pública, los recolectores, e incluso las casetas de seudo seguridad ciudadana, llevan la tricolor que identifica al partido Alianza Para el Progreso, siendo todo ello una verdadera batahola.

Como trujillano, queda invocar la unión de los conciudadanos para afrontar con madurez este “gran cambio” que se muestra cada vez más arbitrario, recurrir a protestar pacíficamente a la calles y paralelamente a ello, acudir a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, puede resultar un mecanismo eficiente para frenar esta arbitrariedad tricolor y, de esta forma, hacerle entender que Trujillo no es su chacra de chota, ni sus locales universitarios regados por el norte del país, mucho menos su mansión del Golf, lugares donde realmente puede hacer y disponer lo que le venga en gana.

Sin embargo, nuestro Congresista Elías Rodríguez, parece tener un “buen padrino” que cubre sus espaldas, ya que a pesar que cunde sobre el, una delicada  acusación que lo vincula con un delito tan grave, como el Narcotráfico, hasta la fecha ha salido bien librado, pues ni ha perdido su curul, ni mucho menos ha sido sancionado y, ahora recuperado del susto y con nuevos bríos, parece que nuevamente se encuentra en campaña en nuestro lindo y rico Trujillo.

En efecto, todos somos testigos de que nuestro Congresista,  mas para por estos lares, olvidando  que los Liberteños lo han elegido para legislar y fiscalizar a nivel nacional, no para que este en nuestra ciudad, presentándose en cuanta inauguración de obra publica se realice,  que por cierto no son de su competencia e incluso de manera muy responsable, se traslada a Trujillo con su propia asesora personal Patricia PAREDES VALLE, adscrita con un buen sueldo al Despacho del Congresista en la ciudad de Lima.

La asesora PAREDES VALLE, se encuentra muy vinculada al Congresista Rodríguez, las buenas lenguas dicen que se conocen desde que eran compañeritos de Derecho en la UPAO y por sus buenos dotes académicos fue llevada de asesora al Congreso, en cambio las malas, señalan que entre ellos hay mas que una simple relación laboral, pero, las mas malas, señalan que no podría desligarse de ella, por que personalmente es la que ha recibido en su propia cuenta corriente, los aportes nada santos de las ostentosa campaña que llevó a Elías Rodríguez a ocupar el primer puesto en las elecciones del Congreso (reportaje periodístico titulado ¿NARCO APRISTA?).

Y como la campaña que viene realizando, requiere de un buen “asesoramiento”, de estadía y también de movilidad, adquirido un bien inmueble ubicado en la avenida Fátima 113, urbanización la Merced y, en marzo de este año, ha comprado el moderno  automóvil Toyota Yaris 2009, Gris oscuro metálico de Placa CD-9948, para que pueda desplazarse libre y cómodamente en compañía de su asesora, pues al parecer no basta las unidades de placas YD -1384 y WD – 9610, con las que cuenta su suertuda asesora.

Los pocos que conocen nuestra labor, saben que ponemos empeño a temas injustos, inmorales que mellan.